En Guanajuato, quienes buscan a sus familiares desaparecidos podrían recibir reconocimiento legal como defensoras de derechos humanos, lo que permitiría que accedan a medidas de protección oficiales. Esta figura ha sido históricamente ignorada en los marcos normativos, a pesar de los riesgos que enfrentan quienes integran estos colectivos.
Esta semana, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local acordó avanzar con un dictamen en sentido positivo a una reforma de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado. El objetivo: incluir de manera explícita a las personas buscadoras, y ampliar las herramientas que el Estado puede ofrecer para su resguardo.
Una deuda legal con quienes buscan
En Guanajuato, como en muchos estados del país, las familias han tomado la búsqueda en sus propias manos ante la ausencia de respuestas efectivas por parte de las autoridades. Estas tareas se han vuelto peligrosas: hay reportes de amenazas, vigilancia e incluso agresiones contra integrantes de colectivos de búsqueda.
Con la reforma, estas personas podrían acceder a medidas preventivas y de protección, como acompañamiento, resguardo y vigilancia, mediante el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, que también se plantea fortalecer a través del mismo dictamen.
Otras iniciativas en discusión
Durante la misma sesión legislativa, también se definió el inicio del análisis de una propuesta para otorgar autonomía técnica y de gestión al Consejo para Prevenir la Discriminación (COPREDGTO), con el fin de reforzar su capacidad operativa y garantizar mayor participación ciudadana.
Por otro lado, se discutieron tres exhortos: uno para atender la situación del sector ladrillero en León, otro para exigir la instalación de señalética contra la discriminación en edificios públicos, y un tercero para que se elaboren estudios sobre la victimización de niñas, niños y adolescentes, así como un llamado a fortalecer el programa de Becas Nuevo Comienzo.
La protección también es un acto de justicia
La reforma en favor de personas buscadoras no solo representaría una medida de protección, sino también un reconocimiento formal a su labor, muchas veces realizada en contextos de violencia, sin recursos y en soledad.
Este paso legislativo podría significar que, por primera vez en Guanajuato, el Estado reconozca que quienes buscan también defienden derechos humanos y, por tanto, merecen respaldo institucional.
