Una vez más la gente salió a las calles a protestar contra la gentrificación en la Ciudad de México. Esta vez, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, año en el que –prevén– el costo de las rentas aumenten en Santa Úrsula, colonia aledaña al Estadio Azteca, que vivirá un mundial por tercera vez en su historia.
Luego de la primera marcha contra la gentrificación –que generó destrozos en la Roma y en la Condesa– la jefa de Gobierno, Clara Brugada estrenó un protocolo para dicha manifestación, para evitar que vuelvan a surgir destrozos en establecimientos mercantiles y hasta agresiones contra personas ajenas a la marcha.
Desde la estación Fuentes Brotantes de la Línea 1 del Metrobús, los contingentes fueron encapsulados por parte de la SSC, quienes realizarán el protocolo enfocado en derechos humanos, cuya prioridad será salvaguardar la integridad y seguridad tanto de quienes se manifiesten como de quienes habitan o transitan por la zona.
Previo al inicio de la movilización, los líderes leyeron un comunicado en el que rechazaron el “avance violento de la gentrificación” en la Ciudad de México, en especial, por el proyecto de Fuentes Brotantes 134, impulsado por la desarrolladora Asimuth y Graus, quien “no solo pretende apropiarse del territorio, sino romper el tejido comunitario con estrategias de hostigamiento, amenazas legales y criminalización”.
“Hoy nos enfrentamos no solo a poder inmobiliario, sino un gobierno que responde con vigilancia y protocolos policiales a quienes alzamos la voz. Nos queda claro: la represión es el lenguaje de los gobiernos cuando la burguesía se ve amenazada”, expresaron.
Sin embargo, los líderes llamaron a que la movilización sea pacífica, “no porque renunciemos a la acción directa que ha sido históricamente una herramienta legítima a la lucha social, sino porque sabemos leer el momento político, porque muchas de nuestras compañeras enfrentan carpetas de investigación, amenazas y campañas de desprestigio”.
Los manifestantes que buscan proteger a las comunidades de Santa Úrsula Xitla y del Bosque de Fuentes Brotantes, exigieron al Gobierno de la Ciudad de México que se apegue a los directrices y tratados internacionales en materia de derechos humanos que garantizan el derecho a la vivienda, el territorio, a la participación comunitaria y a la protesta social.
“Cualquier intento de criminalizar esta manifestación será denunciado y resistido. Santa Úrsula Xitla no se toca, el Bosque de fuentes brotantes no se vende, la protesta no se criminaliza. El derecho a la ciudad, la vivienda y el arraigo se defiende”, concluyeron.
